El reciente llamado a concurso del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para cubrir el cargo de Fiscal Rural en la Cuarta Circunscripción Judicial generó fuertes repercusiones en el arco productivo de Paso de los Libres. La medida busca dar respuesta a una problemática que, según los productores, ha escalado en complejidad y violencia durante los últimos años.
En diálogo con FM Atlántida, el dirigente ruralista Marcelo Carbonell calificó la novedad como la culminación de una lucha histórica encabezada por la Sociedad Rural de Paso de los Libres y la asociación provincial que nuclear a las entidades del sector. Para el productor, la decisión política no fue casual: «Evidentemente el sistema funciona a través de presión. A veces las medidas se toman cuando explota la bomba», sentenció, vinculando la apertura del concurso con el impacto mediático de los últimos operativos delictivos en la zona.
El fin de la postergación frente al delito urbano
Uno de los puntos centrales del reclamo sectorial residía en la desigualdad de prioridades dentro del Ministerio Público Fiscal. Carbonell explicó que, ante la saturación de causas en las fiscales ordinarias, las investigaciones de campo perdían fuerza. “El delito rural pasaba a estar al fondo de la cola porque los fiscales están abarrotados con delitos urbanos”, subrayó.
Asimismo, el dirigente marcó que la efectividad judicial dependía excesivamente de la voluntad individual de los funcionarios, señalando diferencias en el accionar de los fiscales Facundo Sotelo y Daniela Di Tomaso. Para el sector, la creación de una oficina específica evitaría estas disparidades estructurales y permitiría aplicar la ley con un conocimiento técnico del territorio.
Logística y bandas organizadas
El diagnóstico de la Sociedad Rural local describe un escenario alejado del tradicional abigeato de subsistencia. Según Carbonell, actualmente se enfrentan a organizaciones con logística avanzada, que incluyen transporte propio, campos de acopio y la confección de guías de tránsito de hacienda fraudulentas.
Si bien destacó la labor de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), el dirigente fue tajante al señalar dónde se encontraba el cuello de botella: “La Policía tiene voluntad y hace lo que puede con muy pocos recursos; la falla estaba en la Justicia”.
Plazos institucionales
Aunque el proceso de selección y designación suele extenderse en el tiempo, desde el sector rural estiman que la nueva fiscalía podría estar operativa hacia mediados de este año. Las entidades agropecuarias adelantaron que mantendrán un seguimiento cercano del proceso para garantizar que la designación cumpla con los estándares de idoneidad necesarios para enfrentar el crimen organizado en el campo.